Introducción: una amenaza de desalojo en territorio en disputa
La comunidad nahua-otomí de Los Potros, perteneciente a Ayotitlán y ubicada en una franja de territorio en disputa entre Colima y Jalisco, enfrenta una amenaza de desalojo por parte del Consorcio Minero Peña Colorada. Esta situación representa no solo un conflicto agrario y territorial, sino también un grave riesgo para los derechos humanos, la autonomía comunitaria y la continuidad de la vida campesina e indígena en la región.
¿Quién es el Consorcio Minero Peña Colorada?
El Consorcio Minero Peña Colorada es uno de los proyectos extractivos más importantes del occidente de México. Dedicado principalmente a la explotación de hierro, su operación se ha caracterizado por el uso intensivo del territorio, el agua y otros bienes comunes, impactando directamente las tierras ancestrales de comunidades indígenas y campesinas.
En el caso de Los Potros, la expansión minera y la disputa por la propiedad de la tierra se han traducido en presiones, hostigamiento y, ahora, en una amenaza abierta de desalojo que desconoce la historia de ocupación, trabajo y arraigo de la comunidad sobre su territorio.
La comunidad de Los Potros y la defensa del territorio
Los Potros es una comunidad nahua-otomí con una larga tradición de vida comunal. Sus habitantes han cuidado el bosque, los manantiales, los suelos y la biodiversidad de la región, entendiendo el territorio como espacio de vida, memoria y cultura, no solo como mercancía. El desalojo implicaría la ruptura de este vínculo profundo y la destrucción de formas de vida colectivas que han resistido durante generaciones.
La defensa de Los Potros se inscribe en una larga historia de resistencia de Ayotitlán frente a proyectos extractivos, asesinatos de defensores, criminalización y políticas que favorecen a grandes empresas por encima de los derechos de los pueblos originarios.
Territorio en disputa: Colima y Jalisco
La zona donde se ubica Los Potros forma parte de un territorio históricamente disputado entre los estados de Colima y Jalisco. Esta indefinición administrativa ha sido aprovechada por intereses económicos y políticos para sembrar confusión jurídica, dificultar la defensa legal y evadir responsabilidades sobre las violaciones de derechos humanos.
En este contexto, el desalojo no es un hecho aislado: es la expresión concreta de un modelo de desarrollo que prioriza el negocio minero y el beneficio de unos cuantos, aun cuando ello signifique despojar a comunidades completas de su hogar y su historia.
Amenaza de desalojo: violación de derechos humanos
La amenaza de desalojo contra Los Potros vulnera múltiples derechos reconocidos en la Constitución y en convenios internacionales, entre ellos:
- El derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas.
- El derecho a la consulta libre, previa e informada.
- El derecho a la vivienda, a la alimentación y a un medio ambiente sano.
- El derecho a la autodeterminación y a preservar la identidad cultural.
Además, cualquier intento de uso de la fuerza pública o de mecanismos de presión empresarial sin un debido proceso transparente y respetuoso de los derechos colectivos constituye una forma de violencia institucional.
Acción urgente: ¿por qué es vital actuar ahora?
La situación de Los Potros demanda una respuesta inmediata de la sociedad civil, organizaciones, académicos y personas solidarias. La fase de amenaza es el momento crucial para evitar que el desalojo se concrete. El silencio o la indiferencia abrirían la puerta a agresiones mayores y a un precedente peligroso para otras comunidades indígenas en la región y en el país.
Al sumarte a la Acción Urgente para detener al Consorcio Minero Peña Colorada, contribuyes a visibilizar el conflicto, a presionar a las autoridades para que respeten los derechos de la comunidad y a exigir que se priorice la vida y la dignidad por encima de los intereses extractivos.
Formulario de envío: la fuerza de la palabra colectiva
El formulario de envío de la Acción Urgente es una herramienta para canalizar la indignación y transformarla en una demanda concreta hacia autoridades y tomadores de decisión. Al enviar tu firma y tu mensaje, te unes a una voz colectiva que exige:
- Detener de inmediato cualquier intento de desalojo en Los Potros.
- Reconocer y respetar los derechos colectivos de la comunidad nahua-otomí de Ayotitlán.
- Realizar investigaciones imparciales sobre las presiones ejercidas por el Consorcio Minero Peña Colorada.
- Garantizar la seguridad e integridad de las y los defensores del territorio.
La palabra escrita, respaldada por cientos o miles de personas, se convierte en un registro público de solidaridad y vigilancia ciudadana, capaz de incidir en decisiones oficiales y frenar abusos de poder.
Impactos de la minería en comunidades indígenas
La situación de Los Potros es parte de un patrón más amplio de conflictos socioambientales vinculados a la minería a gran escala. Entre los impactos más frecuentes se encuentran:
- Contaminación de ríos y manantiales por desechos mineros.
- Deforestación y pérdida de suelos fértiles.
- Ruptura del tejido comunitario por divisiones internas y cooptación.
- Incremento de la violencia y la criminalización de defensores.
La defensa de Los Potros, por tanto, no es solo una causa local: se conecta con la lucha global por modelos de vida que respeten los límites del planeta y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.
Responsabilidad del Estado y obligaciones internacionales
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que las actividades económicas en su territorio respeten los derechos humanos. Esto incluye:
- Prevenir el despojo de tierras indígenas y campesinas.
- Regular de manera estricta las actividades extractivas.
- Asegurar la participación efectiva de las comunidades en cualquier decisión que afecte su territorio.
- Investigar y sancionar abusos cometidos por empresas o autoridades.
Los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, refuerzan estas obligaciones y sostienen el reclamo legítimo de Los Potros a permanecer en su territorio.
Cómo fortalecer la solidaridad con Los Potros
Más allá de la firma en la Acción Urgente, es posible sumar esfuerzos de distintas maneras:
- Difundir información verificada sobre el conflicto, desmontando narrativas que criminalizan a la comunidad.
- Impulsar pronunciamientos de colectivos, organizaciones y espacios académicos.
- Realizar actividades culturales, foros y conversatorios para visibilizar la defensa del territorio.
- Documentar y acompañar las demandas legales de la comunidad, cuando así lo solicite.
Cada gesto de solidaridad contribuye a que Los Potros no enfrente en aislamiento la presión de un consorcio minero poderoso, sino que cuente con una red amplia de apoyo social.
Conclusión: la defensa de Los Potros es la defensa de la dignidad
El intento de desalojo por parte del Consorcio Minero Peña Colorada sobre la comunidad nahua-otomí de Los Potros es un síntoma de un modelo de desarrollo basado en el despojo y la violencia. Frente a ello, la Acción Urgente y el formulario de envío se convierten en canales para exigir un alto a la agresión, defender la tierra y afirmar que los territorios no están vacíos ni disponibles, sino habitados por pueblos con memoria, derechos y futuro.
Defender a Los Potros es defender el derecho a vivir en un país donde la justicia, el respeto a los pueblos indígenas y el cuidado de la naturaleza sean prioridad, y no simples notas al pie frente a la expansión minera.